De las facultades que la Constitución Política del Estado de Nayarit le otorga al Congreso del Estado, se desprende lo siguiente:
Legislativa
Aprobar, reformar o suprimir leyes o decretos sobre todos los ramos de la Administración y del Gobierno Interior del Estado.
Expedir las leyes a las que deberán sujetarse los Ayuntamientos.
Presupuestal
Examinar, discutir y aprobar la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, así como las ampliaciones y modificaciones que se hicieren necesarias. En los términos de la Constitución.
Aprobar las leyes de ingresos de los municipios, revisar y fiscalizar sus cuentas públicas.
Administrativa
Ratificar los nombramientos hechos por el Gobernador en los términos que la Ley disponga, del Procurador General de Justicia y, designar, elegir, aprobar y nombrar a los Magistrados numerarios y Supernumerarios del Tribunal Superior de Justicia del Estado, al Presidente y a los Consejeros del Instituto Electoral del Estado, así como algunos otros nombramientos de servidores públicos.
De Control e Investigación
Citar, por conducto del Gobernador del Estado, a los titulares de la Administración Pública Centralizada y Descentralizada a fin de abundar y aclarar los criterios, fundamentos, ejecución y consecuencias de los planes y programas que son a su cargo, así como de las iniciativas de ley o decreto turnadas a la consideración del Poder Legislativo.
Fiscalización
Fiscalizar las Cuentas Públicas del año anterior de todos los caudales del Estado y de los Municipios.
Consolidar al poder legislativo como un espacio plural de discusión, análisis y toma de decisiones de las fuerzas políticas del estado y fortalecer su independencia y autonomía para la formulación de un marco jurídico justo, que beneficie a toda la sociedad, y que establezca, con precisión, las relaciones entre los integrantes de la sociedad, entre éstos y las autoridades y entre los diversos órdenes y órganos de gobierno, así como para preservar la integridad y unidad de nuestro estado.
Participar en el proceso legislativo, con el objeto de que el marco jurídico estatal contribuya a elevar el bienestar económico y social de la población nayarita.
Establecer y operar los sistemas y procedimientos necesarios para que los recursos humanos, materiales y financieros del Congreso se utilicen bajo principios de eficiencia, eficacia, legalidad, transparencia, honradez y racionalidad.